Los nombramientos de Cristina, que pagamos todos

El gobierno nacional financia a los grupos de choque con plata del pueblo


Para que un gobierno se mantenga en el poder por tiempo indefinido necesita el apoyo del pueblo. Pero si no lo tienen, necesita de bandas armadas que enfrenten al pueblo y lo masacre.
Sabiendo Cristina Kirchner que ya no cuenta con ningún apoyo popular, que “ya está junada como carta marcada”, el centro de su preocupación es la organización, el armamento, el entrenamiento y el financiamiento de los grupos de choque como La Cámpora y demás grupos organizados, además de los barrabravas, las patotas sindicales y los sectores lúmpenes de las villas. Gente que está dispuesta a matar hasta a la madre por unos cuantos pesos.
¿Y cómo se financian esos grupos? De muchas maneras el Gobierno les hace llegar la plata; pero una forma de financiamiento que está a la vista de todos, es inventarles un empleo en algún organismo público, como la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y demás.
¿Sabía Ud. que desde el año 2003 al 2012 la cantidad de empleados públicos aumentaron de 243.000 a 328.000 personas, o sea, 85.000 empleados más en el País? (Datos del Ministerio de Economía)
Son los grupos de choque kirchneristas que reciben algún trabajo donde cobran altos sueldos sin hacer nada; y encima son jefes, que por otra parte no saben nada del trabajo que deberían hacer. Es por eso que ponen también gente que sabe algo y son asesores. Y todos sabemos que la plata que cobran los empleados públicos sale del bolsillo del pueblo argentino. Desde que está el kirchnerismo debemos pagar 85.000 nuevos empleados parásitos, ciento de miles de pesos, mientras el pueblo va cayendo aceleradamente en la pobreza, muchos en la indigencia, la desnutrición y la muerte.
Proponemos que a los empleados públicos los nombre una junta integrada por jubilados del Estado, y personas con honestidad intachable, un organismo que se encargue además, de revisar los nombramientos de los últimos 10 años. Y en caso de anomalías enjuiciar a los ministros, secretarios y a la Presidente de la Nación.

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